El Frente Estatal de Abogados calificó a los impartidores y procuradores de justicia como incompetentes y poco calificados para practicar el actual sistema de justicia penal. Los integrantes del Frente indicaron que esto se ha convertido en impunidad y por ende hay descontento social.
El presidente de la asociación, Reynaldo Herrera Aké, subrayó que claro ejemplo es la manifestación de los ruleteros y, pese a como se dio la situación, con la tentativa de secuestro, no hay delito como tal. “Si alguien viene y te clava, te desangra y deja lastimado, está mal, pero no es un delito grave”, abundó.
El abogado aseguró que empezarán a retomar actividades pues la asociación ya estaba conformada, sólo que ahora serán 45 abogados integrantes de todo el Estado quienes fomentarán un ambiente de seguridad para los campechanos, pues dijo que ante los acontecimientos que se han observado en los últimos meses, es necesario que mediante asociaciones se les brinde certidumbre a los ciudadanos, ante los atropellos que hace el Gobierno del Estado o particulares.
De esta manera indicó que actualmente se han capacitado y continuarán tomando cursos y preparaciones para defender la justicia, propiciarla a quienes menos tienen y brindar apoyo social a quienes más lo necesiten, aunque, admitió, no hay campo laboralmente en Campeche; aparentemente hay datos tomados en el INEGI en el que se encuentran registrados más de 7 mil abogados, aunado a que cada año se dan de alta otros 300 por lo menos, los cuales salen preparados de las escuelas.
En este caso, uno de los temas que consideraron necesario tocar es la instauración de un Sistema de Justicia Penal, que si bien tiene como objetivo revolucionar, facilitar, pero sobre todo expedir una justicia expedita, justa y gratuita; hasta el momento se han observado lagunas jurisprudenciales y errores que han permitido que exista la impunidad en las acciones que se han analizado por parte de la procuración e impartición de justicia.
Herrera Aké admitió que la impunidad existe cuando no se procura justicia, esto ha sido el parteaguas para que poco a poco el compendio de leyes sufra modificaciones; como ejemplo mencionó el catálogo de delitos no graves y los graves, así como el conocido efecto del fenómeno de la puerta giratoria; en la primera intención de análisis, recalcó que los delitos no graves tienen la virtud de poder inhabilitarlos con el pago de daños, pero hasta el momento no se ha asegurado que exista incidencia por parte de los detractores de la ley.
En el catálogo de delitos graves, se modificaron y sólo quedan en este apartado del artículo 19 del Sistema de justicia Penal acusatorio, delitos como homicidio, secuestro, delitos contra la salud, delincuencia organizada, entre otras; anteriormente el abigeato entraba en este compendio, pero ahora éste es uno de los ejemplos en el que los errores son evidentes, poruque este delito se ha acentuado en el Sur del Estado debido a que ya no se persigue de oficio y con el pago de daños los delincuentes quedan absueltos.
Destacó que los juicios orales tienen cuatro vertientes que no han sido analizadas a fondo con la situación del pago de daños, pues la primera consiste en la nulidad del proceso, el segundo es el criterio de oportunidades en la justicia alternativa, la suspensión del proceso abreviado, pues el acusado tiene también cuatro oportunidades, pero éstas van contra las normas de reinserción social al que se acostumbra para regresar a alguien a la vida cotidiana e interacción con los demás.
En caso de ser delito no grave se puede fijar una fianza para que el victimario no presente o no se vea en la necesidad de pagar el daño en la penitenciaría, también se pueden dictar medidas para no se acercarse a las víctimas, entre otras figuras nuevas que serán tomadas en cuenta más adelante cuando sean aterrizadas a las nuevas disposiciones del compendio de leyes de dicho sistema de penal acusatorio.
Sin evidencia para juzgar a martillos y su líder
Dentro de las intenciones de la asociación señalaron la opinión jurídica de acuerdo con acontecimientos sociales como lo sucedido el pasado martes con el enfrentamiento entre el equipo de antimotines y prestadores de servicio del transporte público, en el que las acusaciones que se imputan son graves, delitos que alcanzan 40 años de cárcel como lo es el secuestro; sin embargo el acto o delito no se consumó por lo que sólo quedaría en grado de tentativa y esta se refiere a la mitad de la condena original, por lo que pasaría 20 años de cárcel.
Sin embargo, aun con que exista un video en el que el supuesto líder de martillos, Danilo Martín Echeverría Pereyra, manifiesta sus intenciones de tomar las instalaciones de la dependencia y haya dicho textualmente que podría secuestrar al funcionario, esto no puede ser suficiente para dictaminar un delito por lo que éstos tuvieran oportunidad de no ser enjuiciados, pero todo dependerá de cómo se arme la carpeta que el ministerio público presentará en contra de éstos.
La advertencia queda en la posibilidad de que la carpeta no se integre de manera correcta, el criterio del juez sea a favor de los taxistas por no haber las pruebas suficientes, que los abogados de los taxistas puedan hacer frente con las pruebas necesarias para que demuestren que éstos no estaban manifestándose de forma violenta, entre otros factores que se deben tomar en cuenta, en caso de no quedar satisfechos incluso con el dictamen del juez estatal, emanado del Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Fiscalía General del Estado de Campeche, tendrían la opción federal.
Y es que mediante un amparo, como lo han hecho los ex funcionarios que lograron eliminar diversos delitos en su contra a excepción del peculado, que no es delito grave, así buscarán posiblemente desafanarse de los cargos que hasta el momento, reiteró, no hay las pruebas suficientes para que se les dictamine máxima condena, sólo quedará sortear el grado de tentativa por la manifestación del video.
Lo reprobable, consideraron, fue el actuar del equipo antimotines y la falta de criterio del director del Instituto Estatal del Transporte, Candelario Salomón Cruz, para no entablar diálogo con los transportistas manifestantes, ya que es su obligación rendir cuentas a los integrantes del servicio de transporte, las agresiones y la violencia en las autoridades siempre estarán justificadas cuando hay acciones en contra de ciudadanos, pero en esta ocasión estuvo fuera de lugar lo que sucedió.
Fuente: Jairo Magaña/Por Esto!
