La abierta y decidida participación de los gobiernos Federal y estatales en los comicios de este año en Veracruz, Nayarit, Coahuila y el Estado de México, y el hecho de que las autoridades electorales no hayan detectado el apoyo de la empresa Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, demuestran que el sistema electoral mexicano se encuentra al borde del colapso ante el fracaso de las instituciones encargadas de garantizar la equidad y los elecciones.
Así lo manifestó la diputada Delfina Gómez Álvarez, en el marco de la comparecencia del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, evento en el que también se pronunciaron los diputados Sandra Luz Falcón, Paola Félix Díaz y Alejandro Ojeda Anguiano, todos del Grupo Parlamentario de Morena.
En su oportunidad, la excandidata de Morena al Gobierno del Estado de México aseveró que la democracia mexicana está enredada por un diseño institucional que la ata a intereses partidistas o de particulares, impidiendo que se consolide, restándole autonomía y corrompiendo sus fines.
“El sistema electoral en su conjunto está rebasado. Las instituciones electorales son dinamitadas y ustedes (el Gobierno Federal) son los responsables; se han ganado a pulso el descrédito y la desconfianza de los ciudadanos”, espetó al funcionario federal.
Además, Gómez Álvarez reclamó a Osorio Chong que el capítulo dedicado a la gobernabilidad democrática en el Quinto Informe de Gobierno sea una farsa, un cúmulo de mentiras y que el Ejecutivo Federal trate de engañar a la ciudadanía.
En ese contexto, subrayó que este año los mexicanos vieron cómo desde la Presidencia de la República y los gobiernos estatales donde se celebraron elecciones, se realizaron prácticas contrarias a la Constitución Mexicana y a la ley, para favorecer al PRI y a sus aliados.
“El Instituto Nacional Electoral, lamentablemente, ha demostrado que carece de independencia para organizar y conducir el proceso electoral presidencial del 2018. Con un órgano electoral al servicio del gobierno, la democracia vuelve a estar en riesgo, al igual que en las elecciones de 1988. Hemos retrocedido lamentablemente 30 años”, puntualizó.
Al respecto, recordó que Morena exigió en su momento la renuncia de los exconsejeros del INE y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por su incapacidad de detener las irregularidades en el proceso electoral, así como el uso de recursos públicos por parte del Gobierno Federal y estatal.
Tras señalar que en Brasil, Argentina Ecuador y Perú encarcelaron a los políticos involucrados en los sobornos de Odebrecht, calificó como una ironía que en México haya sido castigado y cesado Santiago Nieto Castillo como Titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), porque investigaba el apoyo del consorcio extranjero a la campaña del ahora Presidente de la República.
“No es posible que las autoridades electorales no hayan detectado el dinero privado de Odebrechet en la campaña del 2012 con Enrique Peña Nieto, cuando hubo una gran escala de corrupción que ha dejado a lo largo de este sexenio, además de su partido, que tendría precisamente que perder el registro por violentar la Constitución y sus leyes electorales”, increpó la diputada Delfina Gómez.
Al presentar las conclusiones de Morena, destacó que más del 90 por ciento de los mexicanos rechaza al Gobierno Federal, porque desde la ilegitimidad impone y edifica gobiernos ilegítimos. Por ello, exigió al titular de la SEGOB que el Ejecutivo saque las manos del proceso electoral y desista de todo intento fraudulento para manipular los comicios.
“Esa es su responsabilidad, señor Secretario: conducir la política interna, no para que gane su partido o el Gobierno, sino para que México salga del desastre. La democracia de este país requiere que la Secretaría de Gobernación deje de operar políticamente un derecho legítimo del ciudadano, que es el de elegir a sus gobernantes a través de elecciones libres y auténticas”.
En su turno, la diputada Sandra Luz Falcón Venegas increpó al funcionario federal sobre el incremento de asesinatos de mujeres en todo el país, pese a los decretos de Alerta de Violencia de Género en diversas entidades federativas. “Esto sólo indica que la política nacional de prevención, atención y sanción para la erradicación de la violencia contra las mujeres es totalmente fallida”.
Al respecto, lamentó que el Gobierno Federal ha incumplido la promesa de prevenir y evitar los feminicidios, ya que no se cuenta con información fidedigna y, peor aún, que desde la Secretaría de Gobernación se emprenden acciones para no declarar dicha alerta, cuando es una medida de carácter urgente que no debe estar sujeta a consideraciones de índole político.
La también integrante de la Comisión de Gobernación además cuestionó a Osorio Chong sobre los mecanismos para erradicar la violencia género, debido a la falta de resultados. “¿Por qué no ha funcionado? ¿Ya tienen otras estrategias de prevención? ¿Han pensado en cómo resolver el problema de la tipificación del feminicidio? ¿Cómo garantizan ustedes a éstas familias que están sufriendo que van a recibir justicia? No más impunidad”.
A su vez, la diputada Paola Félix Díaz exigió al Titular de la SEGOB que responda a las miles de familias de víctimas de la trata de personas, por qué dicho delito no ha disminuido pese a contar con una ley en la materia desde 2012.
“Mujeres y, sobre todo, niñas y niños son traficados, explotados sexualmente y laboralmente. Cómo podemos combatir este delito, si ni siquiera la ley se está aplicando”, reclamó la también integrante de las comisiones de Seguridad Pública y Especial Contra la Trata de Personas.
Señaló que de acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México tiene de 15 a 20 zonas con una alta incidencia en el delito de trata de personas, y que el propio Gobierno mexicano tiene detectados esos sitios y el modus operandi de las organizaciones criminales
Al respecto, increpó a Osorio Chong respecto a los programas para combatir este crimen. “¿Por qué no han emprendido programas concretos para atacar a los tratantes en los municipios que ya están identificados y diagnosticados como generadores de trata?”.
Asimismo, le pidió que explicara si tiene claro para qué funciona el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), debido a que ese organismo dependiente de la SEGOB presuntamente ya tenía conocimiento sobre la colusión entre el crimen organizado y la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, factor que facilitó la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.
En tanto, el legislador Alejandro Ojeda Anguiano denunció que en el Quinto Informe de Gobierno, las cifras en materia de seguridad se encuentran maquilladas y son incomparables con la realidad. Prueba de ello, enfatizó, es la ola de violencia en la que está sumergido el país y que la SEGOB, dependencia responsable de combatirla, hace un mal uso de los recursos.
“Los gastos de la presente administración en seguridad, en lo que va del sexenio, ascienden a 35 mil 620 millones de pesos. Es casi lo que se necesita para la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos y lamentablemente no vemos resultados”, apuntó.
