Luis Maldonado García y Sara García Villanueva, propietarios de un local en la Plaza Comercial “Ah Kim Pech” denunciaron públicamente las arbitrariedades de que fueron objeto por parte de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y funcionarios del Gobierno del Estado.
Maldonado García denunció que “el día viernes aún estaban ahí las oficinas y el día sábado una persona nos avisó que las oficinas en el local marcado con el 213 ya no existían quedándose enterrados en los escombros el material de oficina, computadoras, equipos de trabajo, aires acondicionados y objetos personales de gran estima”.
“Mi mamá es una persona de la tercera edad, tiene 68 años y esa propiedad es lo único que le dejo mi papá para poderse mantener, tenía mi mamá arrendado el certificado a una empresa que se dedica a la verificación la parte de abajo y la parte da arriba arrendado a otra persona”, indicó.
“Cuando llegamos el domingo vemos que ya no había nada, no existe local, mismo que por cierto estaba en juicio intestamentario, había una demanda del mismo Gobierno de un juicio reivindicatorio, entonces los contrademandé por prescripción positiva”, señaló.
“En el año de 1991 mi señor padre compra ese local, y fue un batalla con los diferentes administraciones y hasta cuando el fallece en el 2008 nunca pudo escriturar esa propiedad, esa propiedad se pagó en 40 millones de pesos de esa época y entramos en calidad de propietarios haciéndole una inversión para poderlas adecuar a oficinas”, detalló mostrando documentación que lo avala.
“El 25 de enero nos enteramos que el local había sido del 2007 donado por una empresa que ya no existía la Comercializadora Ah Kim Pech S.A. de C.V. que fue la que vendió los locales de la plaza, yo metí un juicio de interdicto de obra nueva, el cual todavía el día 30 fue la juez y dio instrucciones al perito para realizar determinadas labores que ahora ya no se podrán hacer pues ya no hay oficinas para que se lleve a efecto”, puntualizó.
Sara García Villanueva, propietaria del inmueble agregó que al ser este su única fuente de subsistencia, había venido defendiéndose por la vía legal ante los atropellos de las autoridades en el intento de despojarla de sus oficinas.
Los denunciantes responsabilizaron al Gobierno del Estado si algo les llegase a pasar a ellos y su familia ya que temen puedan ser víctimas de acciones intimidatorias o represivas como incluso sucedió con otros propietarios que defendían también sus derechos.
Por su parte Manuel Zavala Salazar se comprometió a brindar el apoyo jurídico que se requiera ya que consideró que las acciones del Gobierno del Estado violentan el “estado de derecho” y ponen en indefensión a los ciudadanos.
